EcoLaMancha

diciembre 3, 2007

LA MINERIA Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA REPUBLICA DOMINICANA.

Filed under: CONTAMINACION — miguelangelgallego @ 2:49 am


Por: R. Osiris de León\Mario Bonetti
.

Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Presentado en la VI Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas. Nov. 2001


A lo largo de los últimos 500 años, pequeñas, medianas y grandes actividades mineras han tenido lugar en el territorio insular dominicano, en procura de extraer, desde el interior de la tierra, aquellos tesoros depositados allí por la madre naturaleza desde hace millones de años. Las frescas y dulces aguas de ríos y arroyos, tuvieron suficiente energía como para erosionar las blancas vetas de cuarzo que atraviesan nuestras montañas, desprendiendo de ellas pequeñas partículas de oro que atrajeron la mirada curiosa de nuestros aborígenes, dando origen así a las primeras explotaciones manuales del oro aluvial presente en los principales ríos de la región norcentral de la isla. Esta pequeña minería se incrementó con la llegada de los españoles en el año 1492, quienes ampliaron la minería del oro aluvial y además tomaron control de las extracciones auríferas de la zona de Pueblo Viejo, control que duró desde 1495 hasta 1525, período en el cual fueron extraídos y exportados grandes volúmenes de este metal precioso, aunque mediante metodologías muy rudimentarias que incluían el uso del mercurio.

Pero si bien es cierto que las actividades mineras en nuestro territorio se remontan a la época precolombina, no fue sino hasta mediados de siglo XX, con la llegada de la Alcoa Exploration Company, cuando se inició el despegue de la gran minería dominicana.

A principios del año 1971 la Falconbridge inició sus explotaciones mineras, en la zona de Bonao, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los 10 grandes productores mundiales de níquel, mientras que en abril del año 1975 la Rosario Dominicana inició sus operaciones para extraer oro y plata en Pueblo Viejo, llegando a ser el principal productor de oro de Latinoamérica.

Ese gran auge de la industria minera dominicana, especialmente en los años ‘70 y ‘80, aportó extraordinarios ingresos a la economía nacional, creó múltiples fuentes de empleo, abrió nuevos mercados para la exportación de nuestros productos, pasando, temporalmente, de una economía eminentemente agrícola a una economía sustancialmente minera.

Sin embargo, la ausencia de una política ambiental que previera el daño ecológico y facilitara utilizar una parte importante de los beneficios mineros en planes de protección ambiental nos ha traído consecuencias negativas, visibles hoy en ríos, arroyos, suelos, aguas subterráneas, aire, vegetación, plantaciones agrícolas y lamentablemente hasta en muchos de los seres humanos que habitan en las cercanías de grandes operaciones mineras.

Del mismo modo, la ausencia de un plan de ordenamiento territorial, que tipifique los suelos y especialice sus usos, ha provocado conflictos de jurisdicción entre el sector minero y el sector ambiental, conflictos que se agudizan cuando se autorizan explotaciones mineras en áreas protegidas o cuando se declaran como áreas protegidas porciones previamente autorizadas para explotaciones mineras.

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 64-2000, sobre medio ambiente y recursos naturales, de fecha 18 de agosto del pasado año 2000, se abren las puertas para el plan de ordenamiento territorial, el cual necesariamente tendrá que llevar un sub-componente dedicado al ordenamiento territorial minero, lo que tendría que estar acompañado del cumplimiento del artículo 192 de la misma Ley ambiental, que ordena la actualización y modernización de la Ley Minera Nº 146 y de la Ley No.123 sobre extracción de agregados de la corteza terrestre, debiendo ambas leyes, que datan del año 1971, ser fundidas en una sola ley minera, acorde con las regulaciones ambientales vigentes.

Y es que las regulaciones ambientales, aunque muchas veces han sido severamente criticadas por entender que son drásticas, son incuestionablemente necesarias en el mundo de hoy, ya que tanto en nuestro territorio, como en el resto del continente americano, la minería ha crecido vertiginosamente, creciendo al mismo tiempo las tecnologías referentes al minado y las tecnologías metalúrgicas para el tratamiento de los minerales, procesos que muchas veces fueron implementados sin ningún control ambiental, provocando daños a extensas regiones, eliminación parcial de la floresta, contaminación del aire y contaminación de importantes corrientes fluviales, hasta que la magnitud de los daños llamó poderosamente la atención, motivando que la minería fuese catalogada en varios países como una de las actividades puntuales más contaminantes, ya que, aunque no todas las empresas mineras contaminan en la misma forma ni en igual magnitud, la creencia generalizada es que todas son ampliamente contaminantes.

De ahí que sea vital un ordenamiento territorial minero, a fin de garantizar la armonía entre la minería y el medio ambiente y borrar, de una vez y por todas, las adversidades que siempre afloran entre mineros y ambientalistas.

Por eso consideramos que uno de los puntos más importantes de la ley ambiental sea el contenido del Art. 120, el cual ordena a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales la elaboración y aplicación de reglas y parámetros de zonificación u ordenamiento del territorio, que determinen y delimiten claramente el potencial y los usos que deben o pueden darse a los suelos, de acuerdo con su capacidad, sus potencialidades particulares y sus condiciones ambientales específicas.

En función del contenido de este artículo, los suelos con potencial minero, y que no entren en las categorías de suelos agrícolas de alta calidad especificados en el Art. 121, ni en pendientes superiores al 60%, especificados en el artículo 122, podrían ser zonificados como suelos de usos mineros, dándose prioridad a la explotación de los recursos mineros contenidos en el subsuelo.

Esto representaría una necesaria variación del contenido del Art. 7 de la Ley Minera 146, el cual establece que la exploración, la explotación y el beneficio de las substancias minerales se consideran de utilidad pública e interés nacional y gozarán de preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno, excepto en los lugares especificados en el artículo 30 de la citada ley, que restringe la minería en poblaciones, en cementerios, en parques o jardines públicos, etc. Estas y otras consideraciones respecto al ordenamiento territorial minero en la República Dominicana fueron formalmente expuestas por nuestra Academia de Ciencias en la reunión para la red de ordenamiento territorial minero en Ibero América, la cual fue organizada por el programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) el pasado mes de agosto en la ciudad argentina de Mendoza.

Pero hay un grave problema minero y ambiental que merece especial atención y es el relativo a las excesivas y desordenadas extracciones de agregados en nuestro país, ya que en los últimos 30 años la industria de la construcción ha crecido extraordinariamente, creando una excesiva presión sobre los ríos que aportan los agregados requeridos para los bloques, para los hormigones hidráulicos y para los hormigones asfálticos, al extremo de provocar graves daños a los cauces, las márgenes, las terrazas y las aguas de los principales ríos del país, aunque de manera especial en los ríos Nizao, Nigua, Yubazo y Haina.

Los daños han sido tan severos que en varias ocasiones se han emitido decretos y resoluciones prohibiendo totalmente las actividades extractivas en estos ríos, y las comunidades han organizado exitosas huelgas respaldadas por la iglesia y los ambientalistas, pero al final, las extracciones de agregados se han mantenido en los ríos, bajo el argumento de que es imposible paralizar la industria de la construcción, porque esta aporta el 18% del Producto Interno Bruto.

Está claro que las extracciones de agregados para la industria de la construcción representan una gran actividad minera, pero el hecho de que el 95% del total de 16 millones de metros cúbicos anuales, que es la cifra oficial publicada por el Banco Central, provengan de los principales ríos del país, plantea una problemática que amerita un urgente ordenamiento, pues si bien es cierto que los agregados son indispensables para garantizar el continuo crecimiento del sector construcción, no menos cierto es que las granceras deberán paulatinamente desplazarse a canteras secas y acogerse a las regulaciones de una nueva ley minera que incluya todo lo referente a la explotación de gravas y arenas, previa derogación de la Ley 123 de 1971.

La gran crisis surgida en el mes de abril del pasado año 2000 motivó a la Academia de Ciencias a producir un amplio documento descriptivo del problema, el cual contiene un listado de las diferentes y voluminosas fuentes alternativas para la producción de agregados de buena calidad, entre las que se citan antiguas terrazas fluviales, abanicos aluviales, paleo cauces, escorias del ferroníquel y canteras de rocas ígneas y sedimentarias, documento que fue entregado formalmente al Presidente de la República, en presencia de todas las partes envueltas en el problema, quien luego de estudiarlo y de oír las recomendaciones de la Comisión Ampliada de la Ley 123, decidió otorgar un plazo de 60 días para la presentación de las alternativas sustitutivas de extracción, a fin de garantizar la preservación de los ríos y de los acuíferos, debiendo aquí enfatizar que ríos y acuíferos son dos conceptos totalmente distintos, pero usualmente confundidos.

Un río no es un acuífero, aunque muchas veces el río y el acuífero están intercomunicados y retroalimentados, por lo cual, muchos de los daños provocados a nuestros ríos terminan afectando severamente a los acuíferos vecinos, lo cual constituye un gravísimo peligro para las futuras generaciones, ya que las aguas subterráneas contenidas en los acuíferos serán vitales para la supervivencia humana.

Y aunque en múltiples acasiones se ha querido desmeritar la calidad de los agregados alternativos producidos en canteras secas, incluyendo las canteras de piedras calizas, se ha demostrado mediante ensayos físicos y químicos que estos agregados sustitutivos compiten en calidad con los agregados producidos en los ríos, ya que cumplen con todos los estándares de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) y con los estándares de la Asociación Americana de Oficiales de Transporte y Autopistas Estatales (AASHTO), y se ha demostrado también, mediante pruebas de compresión, que es posible obtener hormigones con resistencias de hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado, requiriéndose sólo de la voluntad política de los gobernantes para propiciar la necesaria transición desde los ríos hacia las canteras secas y con ello proteger los recursos hídricos que habrán de ser heredados por las futuras generaciones.

Otro pretexto que ha sido frecuentemente utilizado para justificar las extracciones de agregados de ríos, es el relativo a la canalización del cauce para readecuar el flujo del agua y evitar inundaciones en comunidades y predios agrícolas, sin embargo, las empresas que se han comprometido ante los organismos oficiales para llevar a cabo programas de canalización, no han hecho otra cosa que no sea construir profundos fosos aislados, de 10 y 12 metros de profundidad, fosos que hoy día son llamados lagunas para crianza de peces, y se nos trata de presentar como un exitoso modelo europeo, olvidando que la República Dominicana no es parte de un gran continente, sino parte de un pequeño y frágil territorio insular tropical.

Hasta ahora los programas de canalización han terminando siendo disfraces para encubrir extracciones comerciales de agregados.

Y no es que las canalizaciones no sean necesarias en algunos casos, ya que ellas podrían ser muy necesarias siempre que exista una previa evaluación, científica e independiente, donde se demuestre mediante estudios geológicos, geomorfológicos, hidráulicos y ambientales, que el río ha provocado una sobre sedimentación que pone en peligro vidas y propiedades.

Pero ese estudio no debe ser realizado por las partes interesadas en explotar comercialmente los agregados, ya que los interesados en la explotación del material granular siempre colocarán la actividad comercial por encima de la responsabilidad ambiental.

De ahí que las canalizaciones sólo debieran ser permitidas en casos en que un organismo oficial competente, determine, previo estudio científico e independiente, que, producto de una sobre sedimentación natural del cauce y las márgenes, es necesario readecuar o canalizar un cauce activo, en cuyo caso el diseño de la extracción, bajo el concepto del perfil de equilibrio, deberá estar a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, debiendo la empresa beneficiaria pagar una tasa ambiental equivalente al 25% del precio promedio de venta del agregado en planta.

De otro modo, las empresas, que sean autorizadas a extraer agregados de las márgenes de cauces activos, deberán ubicar sus frentes de explotación a no menos de 300 metros de la margen más próxima, debiendo quedar claro que en ningún otro caso, distinto al de la canalización, deberán autorizarse extracciones por debajo del nivel freático y que toda planta de agregados que utilice agua para lavar sus productos deberá construir una planta de tratamiento para limpiar y reciclar las aguas utilizadas.

En la actualización de la ley minera deberá consignarse que en las explotaciones de agregados se dará prioridad a los agregados de canteras secas, incluyendo canteras de rocas, canteras en abanicos aluviales secos y canteras en paleo cauces, debiendo quedar gravadas estas actividades con una tasa ambiental equivalente al 5% del precio de venta, a fin de constituir un fondo general para la recuperación de áreas degradadas.

Consideramos también que en la actualización de la Ley Minera se deberá especificar franjas de amortiguamiento o distancias mínimas a límites de: parques nacionales, reservas científicas, áreas protegidas, corredores ecológicos, vistas panorámicas, márgenes de ríos importantes, costas, áreas urbanas, presas, puentes, carreteras, etc. En esas franjas de amortiguamiento no habrá ninguna actividad minera.

Una vez definida la franja de amortiguamiento, esta será alinderada bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el organismo oficial minero, debiendo definirse cada vértice a partir de coordenadas referidas al sistema Universal Transverse de Mercator y al datum oficial utilizado por el Instituto Cartográfico Militar.

Mientras duren las actividades mineras en una zona específica no se deben permitir asentamientos humanos dentro de la franja de amortiguamiento, ni permitir actividades que interfieran con la actividad minera ni con el área protegida.

Para el beneficio de minerales sulfurosos sugerimos restringir las tecnologías piro metalúrgicas, dándose prioridad a las tecnologías compatibles con la protección del medio ambiente y cuyos efluentes puedan ser fácilmente degradables, especialmente por vía acuosa, o en presas de colas seguras desde el punto de vista estructural y donde el embalse sea completamente impermeable.

La experiencia demuestra que en el país hay múltiples exigencias que procuran garantizar la impermeabilidad absoluta de los estribos de las presas para almacenamiento de agua, pero que no hay las mismas exigencias cuando se trata de presas de colas, especialmente las que almacenan compuestos cianurados, por lo que sugerimos que la impermeabilidad absoluta de las presas de colas sea comprobada por las autoridades oficiales mediante la ejecución de pruebas de permeabilidad y mediante la aplicación de trazadores isotópicos, siendo responsabilidad de la empresa minera la cobertura total de los gastos inherentes a esta actividad.

Ninguna de las empresas mineras deberá continuar lanzando al aire excesivos volúmenes de gases nocivos al ambiente, tales como dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NO2), o excesivo particulado en suspensión, debiendo proveerse de los sistemas de filtros o colectores necesarios para garantizar que sus emisiones de gases cumplan con las normas de calidad de aire publicadas por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el mes de junio del presente año 2001.

Del mismo modo las empresas mineras deberán descontinuar el vertido de aguas ácidas y cargadas de metales pesados, debiendo proveerse de las necesarias plantas de tratamiento y de los suficientes insumos químicos, como cal y agentes floculantes, para garantizar la salud humana y la preservación de las aguas, la flora y la fauna regional.

Las áreas ya minadas en cualquier tipo de mina o cantera deberán ser acondicionadas topográficamente, manteniendo una morfología que garantice armonía con el paisaje y facilite su repoblación forestal. En caso de cierre definitivo de una cantera, la empresa beneficiaria deberá cumplir con el plan de recuperación y el plan de cierre definidos en la evaluación de impacto ambiental, siendo un deber de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y del organismo minero oficial el velar por el fiel cumplimiento de estas disposiciones, incluyendo, de ser necesario, la ejecución de la fianza de fiel cumplimiento.

Hasta ahora la mayor parte de las concesiones otorgadas para exploración de minerales metálicos se concentra en el polígono central del país, el cual incluye La Vega, San José de Ocoa, Villa Altagracia, Monte Plata y Cotuí, cerrando de nuevo en La Vega. El alto interés por las áreas contenidas en este polígono se debe a que allí se encuentra la concesión Quisqueya, otorgada a la Falconbridge Dominicana para la explotación de ferroníquel, y la concesión Pueblo Viejo, donde Rosario Dominicana ha explotado grandes volúmenes de oro y plata.

Dentro de este polígono central hay una pluviometría de 2500 mm/año, extensas zonas con pendientes superiores al 60% y elevaciones superiores a los 500 metros sobre el nivel medio del mar, donde abundan bosques nublados constituidos mayormente por pináceas, razón por la cual al decidir sobre las solicitudes de explotación deberán tomarse muy en cuenta estos dos aspectos.

El resto de las concesiones otorgadas para exploración de minerales metálicos se encuentra en el polígono oriental, definido por las comunidades de Bayaguana, Hato Mayor, Higuey, Miches, Sabana de la Mar y Monte Plata.

Este segundo polígono no es tan interesante como el polígono central ya que aunque en la zona de Miches se conoce de la presencia de lateritas enriquecidas con oro aluvional, todavía no hay una explotación metálica en la zona.

De ahí que el polígono central deba ser denominado Distrito Minero Central, priorizando el ordenamiento territorial minero en este importante polígono y evitar así conflictos entre concesionarios y ambientalistas, ya que hasta el momento 34 concesiones de exploración y/o explotación coinciden parcial o totalmente con áreas protegidas definidas o ampliadas mediante el Decreto Nº 233 del año 1996.

Este ha sido durante los últimos cinco años un punto de conflicto entre ambientalistas y mineros, razón por la cual dentro de la nueva ley de áreas protegidas y dentro de la nueva política minera deberán introducirse todas las modificaciones de lugar, tanto a los límites de las áreas protegidas como a los límites de las concesiones ya otorgadas, a fin de salvar el impase bajo una modalidad que satisfaga a ambos sectores.

En fin, mineros y ambientalistas, latinoamericanos y dominicanos, debemos todos entender que el mundo ha cambiado y que la degradación del medio ambiente constituye un grave problema que nos afecta a todos en el presente y que afectará a las futuras generaciones, razón por la cual todos estamos en el ineludible deber de buscar soluciones conjuntas, a fin de que toda la sociedad pueda ver a la minería como una actividad comercial, ambientalmente sostenible, y que sean los mineros los primeros en acogerse a las regulaciones ambientales capaces de garantizar la permanencia de las actividades mineras.

En vuestras manos está la decisión.

Dejar un comentario »

Aún no hay comentarios.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog de WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: